COVID-19: RÉSUMÉ DES MESURES DE SOUTIEN POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES

ERTE   (plus d’info):

 

A. Si vous avez des travailleurs et pouvez appliquer des mesures de suspension / réduction des heures contractuelles pour cause de force majeure (c’est-à-dire pour des activités forcées de suspendre leur activité par ordre du gouvernement), l’ERTE vous permettra de maintenir votre personnel, qui touchera une prestation chômage sans coût de cotisation sociale pour l’entreprise.

La période d’effet sera celle de la publication du R.D. 463/2020 du 14 mars.

En contrepartie, l’employeur s’engage à maintenir l’emploi des travailleurs pendant une période de six mois à compter de la date de reprise de l’activité.

 

BSi la raison pour laquelle vous devez appliquer la suspension / réduction des heures de travail est le manque d’activité en raison de la diminution générale des services ou des clients, vous pouvez également demander l’application  d’un ERTE. Dans ce cas, vous devez ouvrir une période de consultation avec les travailleurs. Cela facilite le maintient du personnel car il perçoit le chômage, mais dans ce cas, contrairement au précédent, l’entreprise doit continuer à payer la sécurité sociale de l’entreprise.

Ce processus nécessite l’approbation de l’autorité du travail (administration) .

 

REPORT DE DETTES À L’AEAT (fisc) (plus d’info):

Toutes les dettes auprès de l’administration fiscale jusqu’à un total de 30 000,00 euros , qui expirent jusqu’au 30/05-2020, peuvent être différées jusqu’à 6 mois (les 3 premiers sans intérêt).

 

AVANTAGES SOCIAUX POUR INDEPENDANTS  (plus d’info):

Applicable aux indépendants qui se sont inscrits le 14/03 (peu importe qu’ils continuent d’être inscrits ou non après cette date) avec leur propre activité (pas via une entreprise), qui démontrent une baisse d’au moins 75% du chiffre d’affaires.

L’aide consiste en une prestation d’un mois, extensible jusqu’à la fin de l’état d’alarme, de 70% de la base réglementaire.

Ainsi, par exemple, si vous payez une cotisation d’indépendant de 290 euros par mois, cela signifie que la base réglementaire est la minimum de 944,40 euros, ce qui implique que l’aide que perçue sera de 70% de cette base, soit 661 euros.

 

AIDE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA POUR LES INDEPENDANTS   (plus d’info):

Aide financière à hauteur de 2 000,00 euros pour les indépendants exerçant leur propre activité (non via une entreprise), qui sont inscrits dans les activités pour lesquelles les autorités sanitaires ont décrété la fermeture obligatoire. Les pertes économiques doivent être démontrées en mars 2020 par rapport à mars 2019.

 

SOUTIEN À LA NUMÉRISATION DES ENTREPRISES:

L’État apportera un soutien financier pour l’achat et la location d’équipements et de services, pour la numérisation des PME et les solutions de télétravail

 

CRÉDITS GARANTIS PAR L’ÉTAT:

Pour le moment, rien n’est spécifié, mais il est prévu qu’ils puissent être utilisées pour payer les factures, les besoins en fonds de roulement et de liquidité des entreprises et des travailleurs indépendants.

 

MORATOIRE POUR LE PAIEMENT DE L’HYPOTHÈQUE DU DOMICILE:

Pour les débiteurs en situation de vulnérabilité économique définie comme suit:

a) Chômeurs ou entrepreneurs avec perte substantielle de revenus ou de ventes.

b) Revenu des membres de la cellule familiale le mois précédant la demande de moratoire de moins de 1 645,80 euros (avec majorations pour enfants à charge, familles monoparentales, membres de plus de 65 ans, personne handicapée, etc.)

c) Que le montant de la charge hypothécaire plus les biens de base soit égal ou supérieur à 35% du revenu de tous les membres de l’unité familiale.

d) Lorsque l’effort que représente le fardeau hypothécaire sur le revenu familial a été multiplié par 1,3,  ou qu’il y a eu une baisse substantielle des ventes d’au moins 40%.

 

ESTADO DE ALARMA : prestación extraordinaria por cese de actividad para AUTONOMOS

Se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos cuya actividad haya quedado suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación se vea reducida en un 75% con respecto al promedio del semestre anterior.

 

REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PRESTACIÓN:

  • Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social a la fecha de la declaración del estado de alarma.
  • No es preciso tener la cobertura por cese de actividad de trabajador autónomo.
  • No es preciso que el trabajador autónomo se dé de baja de su actividad (Modelo 036 o 037).
  • Encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social (de no estarlo, se le realizará la invitación al Pago).
  • Podrá solicitarla todo autónomo cuya actividad se haya visto suspendida con motivo del  Real Decreto 346/2020 o haya visto reducida su facturación en un 75%.
  • Si se tienen trabajadores a cargo, debe realizar un ERTE y, además, solicitar el cese de actividad.
  • No se exige carencia mínima para tener acceso a dicha prestación extraordinaria.

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESTACIÓN?

La cuantía de la prestación es el resultado de aplicar el 70% al promedio de las bases por las que se haya cotizado durante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad (LGSS art.339). No obstante, si no se acredita este período de cotización la cuantía de la prestación va a ser equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el RETA o, en su caso, en el REM.

La prestación, incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social, tiene una duración limitada de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, si este se prorroga.

El tiempo durante el que se perciba la prestación se va a considerar como cotizado y no reduce los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La solicitud de esta nueva prestación se debe presentar en la mutua colaboradora con la SS con la que el autónomo tenga cubiertas las contingencias profesionales; ante el ISM, en el caso de trabajadores del REM o ante el SEPE si las contingencias están cubiertas con el INSS.

COVID-19 : Necesidad de atender el cuidado de personas dependientes : adaptación jornada de trabajo

Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten la necesidad de atender el cuidado de personas dependientes por las circunstancias excepcionales provocadas por la expansión del COVID-19 pueden acceder a una adaptación de su jornada de trabajo o una reducción de la misma con reducción proporcional del salario

Medidas sobre la jornada de trabajo En el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para minimizar los efectos provocados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral de los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado de personas dependientes.  La adopción de estas medidas resulta imprescindible para evitar la aplicación de sanciones por falta de asistencia al trabajo ante la necesidad de atender al cuidado de personas a cargo, situación que se agrava por el cierre de diversos establecimientos públicos o concertados, como centros escolares, residencias de mayores o centros de día.   Con este objetivo, se reconoce el derecho a la adaptación de jornada o reducción de la misma, con reducción proporcional del salario, de los trabajadores por cuenta ajena que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias excepcionales:

– cuando la presencia del trabajador sea necesaria para atender al cónyuge o pareja de hecho o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19;

– cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado del trabajador no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

– trabajadores que se hubieran visto afectados por el cierre de centros educativos o de otros que dispensaran cuidados a la persona necesitada de los mismos.

  El derecho a la adaptación o reducción de jornada es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores. La petición del trabajador debe estar justificada y ser razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa, particularmente en caso de que sean varios los trabajadores que acceden a la misma en la misma empresa. El ejercicio de estos derechos se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los efectos y los conflictos que puedan generarse en su aplicación deben resolverse por la jurisdicción social a través del procedimiento especial para el ejercicio de los derechos de conciliación (LRJS art.139). Los trabajadores que ya estén disfrutando de una adaptación de su jornada por conciliación, de una reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares o de alguno de los derechos de conciliación pueden renunciar temporalmente a ellos o solicitar que se modifiquen los términos de su ejercicio. La solicitud debe limitarse al período excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar el trabajador, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa. Salvo prueba en contra, se presume que la solicitud está justificada y es razonable y proporcionada. Las medidas previstas son las siguientes:   A. Derecho a la adaptación de la jornada (RDL 8/2020 art6.2) Es una prerrogativa del trabajador a quien corresponde determinar su alcance y contenido. La empresa y el trabajador deben hacer lo posible por llegar a un acuerdo. Puede referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo: – cambio de turno; – alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada; – cambio de centro de trabajo; – cambio de funciones; – cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia; – cualquier otro cambio de condiciones disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas, que se limita al período excepcional de duración del COVID19.   B. Derecho a la reducción de jornada (RDL 8/2020 art.6.3) Los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones excepcionales descritas pueden solicitar una reducción especial de jornada por guarda legal o cuidado directo de familiar, que se regirá por lo dispuesto con carácter general en los art.37.6 y 37.7 del ET con las siguientes especialidades: – no se exige que el familiar que requiera atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida; – debe ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación; – puede alcanzar el 100% de la jornada, siempre que se justifique y sea razonable y proporcionada en atención a la situación de la empresa.

conciliación por circunstancias relacionadas con el COVID-19

Supuesto
Trabajador por cuenta ajena que acredite la necesidad de atender el cuidado de cónyuge o pareja de hecho o familiar por consanguinidad hasta el segundo grado cuando concurran circunstancias excepcionales para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19
Circunstancias excepcionales
– que por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo; – imposibilidad de cuidador de continuar prestando asistencia directa; – cierre de centros educativos o de otros que dispensen cuidados a la persona necesitada.
Medidas
Adaptación de jornada Reducción de jornada
– concreción por el trabajador – puede referirse a: * distribución del tiempo de trabajo; *cambio de turno; *alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada; *cambio de centro de trabajo; *cambio de funciones; *cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo teletrabajo; *cualquier otro cambio de condiciones disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado. – por guarda legal o cuidado de familiares – se rige por la normativa común con las siguientes especialidades: * no se exige que el familiar no desempeñe actividad retribuida; * comunicada a la empresa con 24 horas de antelación; * puede alcanzar el 100% de la jornada, siempre que se justifique.  
Ejercicio
– es un derecho individual de cada trabajador; – la solicitud debe ser justificada y proporcionada; – solución de conflictos: jurisdicción social y procedimiento especial para ejercicio de los derechos de conciliación (LRJS art.139).

ESTADO DE ALARMA: Plazos tributarios NO suspendidos

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.

6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Se modifica el apartado 4 y se añaden los apartados 5 y 6 por el art. único.4 del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo

ESTADO DE ALARMA : Régimen sancionador

Régimen sancionador

(RD 463/2020 art.20)

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma se sanciona con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en la LO 4/1981 art.10.

El incumplimiento de las medidas incluidas en el real decreto que declara el estado de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 puede acarrear para los ciudadanos desde multas de 100 euros hasta pena de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad.

El listado de sanciones de que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se apoya en cuatro normas: la Ley de seguridad ciudadana, la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal.

Quienes incumplan las medidas establecidas pueden enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.

El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada se castiga con pena de uno a 3 meses de cárcel. El de atentado prevé penas de hasta 4 años de prisión (a esos efectos, el personal sanitario se incluye entre los agentes de autoridad).

Si quienes incumplen las normas son funcionarios, estos pueden ser  suspendidos de inmediato en el ejercicio de sus cargos. Y si son las propias autoridades las que no acatan las normas impuestas, sus facultades pueden ser asumidas por el Gobierno de España.

Vos employés travaillent-ils à distance ou doivent-ils se déplacer?

Vos employés doivent se rendre à leur lieu de travail

Vous trouverez ci-dessous un modèle de certification à délivrer aux travailleurs qui doivent se rendre à leur bureau ou lieu de travail. De plus grandes restrictions à la mobilité sont envisagées même pour aller travailler. Par conséquent, nous vous conseillons de remettre un certificat à votre travailleur. Ainsi, dans le cas où le travailleur est soumis à un « contrôle de mobilité », il peut justifier son déplacement en fournissant le certificat ci-joint. Plus la raison du déplacement est justifiée, plus la probabilité de succès est grande. C’est pourquoi nous vous conseillons de l’adapter à vos situations spécifiques. Si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition.

 

Vos locaux sont fermés et vos employés travaillent à domicile

Nous vous rappelons que vous devez faire une annexe de contrat qui régit cette circonstance. Si vous ne l’avez pas, veuillez nous contacter afin que nous puissions rédiger les clauses spécifiques adaptées à votre entreprise et aux circonstances.

 

 

modelo de certificación

D/DÑA………………………….., con DNI N.                     , legal representante de la empresa “xxxxxxx”, con domicilio en ……….; por medio del presente escrito,

 

CERTIFICA:

Que la Empresa no desarrolla ninguna de las actividades que se encuentran expresamente suspendidas como medida de contención frente al COVID-19 en el ámbito de la actividad comercial, minoristas, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales previstas en el arts. 10.1, 10.3, 10.4 y Anexo I del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por lo tanto, la actividad que realiza esta Empresa se encuentra expresamente exceptuada de la suspensión.

Que D/Dña………………..…….., con DNI N………………… y con domicilio en …………………………….; presta sus servicios como trabajador/a de nuestra empresa, debiendo desplazarse diariamente desde su domicilio hasta el de nuestras oficinas / instalaciones / centro de trabajo y que esta situado en xxxx. (indicar dirección a la que se desplaza en la que trabajara).

Si hay varios centros a los que se desplaza:

Ocasionalmente, el trabajador se tiene que desplazar igualmente desde ambas direcciones señaladas a las de otros centros de trabajo, de nuestra empresa o de otras distintas, a los que tiene que acudir para realizar sus labores, dichas direcciones son: (indicar todas las direcciones)

Que el trabajador portador de este certificado presta sus servicios de ….. a ….. de la semana, con el siguiente horario de trabajo (indicar horario diario).

Que se expide el presente certificado a los efectos de que el trabajador pueda acreditar ante las autoridades competentes la realidad de sus obligaciones laborales y la necesidad de realizar los desplazamientos señalados, de conformidad con lo que establece el artículo 7.1 c) y d) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Fecha, firma del representante empresarial y sello de la empresa

El ERTE por fuerza mayor: Actuación de las empresas frente al Covid-19

En relación con la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo), y a la espera de las últimas medidas que se puedan adoptar después del Consejo […]

Coronavirus : report accordé par le fisc espagnol

Extraordinairement et dans le respect de certaines exigences, les dettes peuvent être différées – y compris les retenues à la source, la TVA et les acomptes provisionnels IS – dont le terme de paiement est compris entre le 13-3-2020 et le 30-5-2020, tous deux inclus, pour une période de six mois.

 

LE CORONAVIRUS CONDUIT À UNE MODIFICATION TEMPORAIRE DU RÈGLEMENT DE DEMANDE D’AJOURNEMENT

Pour répondre à l’impact économique négatif que peut provoquer l’urgence sanitaire du coronavirus, une série de mesures économiques sont adoptées pour faire face à cette situation exceptionnelle et extraordinaire, visant à garantir la liquidité du secteur touristique et à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises et indépendants.

Parmi les mesures adoptées, une flexibilité est proposée en termes de reports afin d’éviter d’éventuelles tensions de trésorerie.

 

À ces fins, un report de la dette fiscale sera accordé pour toutes les déclarations et autoliquidations dont la période de dépôt se terminent du 13-3-2020 et jusqu’au 30-5-2020, tous deux inclus.

L’ajournement sera également applicable aux dettes fiscales que les mandataires doivent acquitter et à ceux qui sont tenus d’effectuer des acomptes, à ceux provenant des impôts qui doivent légalement être répercutés et à ceux correspondant aux paiements fractionnés des IS – dettes qui en général ne peuvent pas être différées (LGT art.65.2) -.

 

Pour accorder des reports, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Que les demandes portent sur des dettes qui satisfont aux exigences de l’article 82.2.a de la LGT, c’est-à-dire que le montant de la dette dans son ensemble ne dépasse pas 30 000 euros (OM HAP / 2178/2015); y compris celles dont la gestion correspond aux Communautés autonomes (OM HAP / 347/2016).
  2. Que le débiteur soit une personne ou une entité dont le volume d’opérations n’excède pas 6 010 121,04 euros en 2019.

 

En ce qui concerne les conditions de l’ajournement, un terme de six mois sera accordé et aucun intérêt ne sera accumulé pour les trois premiers mois de l’ajournement.

Decretado el estado de alarma en todo el territorio nacional

Se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional. Y, en principio, se decreta por un período de 15 días naturales. La autoridad competente, a estos efectos, es el Gobierno. Bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, son autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad, la Ministra de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministro de Sanidad. Para hacer frente a esta extraordinaria situación de emergencia, se han acordado las siguientes medidas:

1) Limitación de la libertad de circulación de las personas. Durante estos 15 días las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

– Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. – Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. – Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. – Retorno al lugar de residencia habitual. – Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. – Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. – Desplazamientos por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. – Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades anteriores o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 2) Requisas temporales  de todo tipo de bienes necesarios para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales. 3) Imposición de la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para afrontar esta situación de emergencia sanitaria. 4) Suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, manteniéndose a través de las modalidades a distancia y on line, siempre que resulte posible.

5) Cierre de locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, gasolineras y estaciones de servicio, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

6) Cierre de locales o instalaciones  culturales, deportivas o de ocio, tales como museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos de espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio, auditorios, cines, teatros, conciertos, salas de conferencias, exposiciones, polideportivos, gimnasios, estadios, discotecas, casinos, salones de juegos o apuestas, parques, bares, restaurantes, cafeterías y terrazas. 7) Suspensión de las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 8) Suspensión de verbenas, desfiles y fiestas populares. 9) La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas para evitar aglomeraciones y respetar la distancia de, al menos, un metro entre los asistentes. 10) Se desaconseja viajar salvo por razones inaplazables. En materia de transporte de viajeros se reduce la oferta total de operaciones en determinados servicios de transporte público por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo. Los operadores de servicio quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte y a garantizar la máxima separación posible entre los pasajeros. Se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. Además de las anteriores, se establecen distintas medidas dirigidas a:  reforzar el Sistema Nacional de Salud bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad; – asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública;  garantizar el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción; – garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o aeropuertos;  garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo o de gas natural; – asegurar la prestación de los operadores críticos de servicios esenciales.

Se establece también la suspensión de los plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad:

a) En cuanto a los plazos procesales:

  • Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.
  • En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplica a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

  •  En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción no se aplica a los siguientes supuestos:

– El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en la LJCA art.114 s. y art.8.6, respectivamente. – Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la LRJS. – La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en la LEC art.763. – La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el CC art.158. No obstante, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. b) En relación con los plazos administrativos. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo. Lo anterior no afecta a los procedimientos y resoluciones que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. c) Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas del mismo. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes (LO 4/1981 art10)   NOTAS 1) El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. 2) Queda exceptuado de las limitaciones a la libertad de circulación el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España. 3) La permanencia en los establecimientos que permanezcan abiertos debe ser la mínima estrictamente necesaria, evitando aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 4) Todas las autoridades competentes delegadas, han aprobado, en sus respectivas áreas de responsabilidad, distintas disposiciones, publicadas en el BOE 15-3-20, estableciendo medidas o criterios de actuación para la gestión de la situación.